En medio de un contexto social de una ciudadanía organizada que se estaba movilizando en contra de la ampliación presupuestaria a la Justicia Electoral, a favor de las listas abiertas, de la implementación del IRP, del juicio político a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia y en que los parlamentarios eran apodados de Dipuchorros y Senarratas; el Paraguay se vio golpeado por los sucesos trágicos de muerte de campesinos y policías en la Estancia Campos Morumbí, con el subsiguiente sometimiento a juicio político del Presidente de la República, y sus consecuencias para el presente y el futuro de la vida social y política de la nación.

Como víctimas y desde el dolor aun presente nos solidarizamos y lamentamos con las familias de los campesinos y policías muertos. Abogamos firmemente por el esclarecimiento de estos hechos, mientras animamos a todos a seguir trabajando por una verdadera paz que no vendrá del ocultamiento de los problemas sino como fruto de una auténtica justicia social. 

En la raíz de estos hechos existe una complicidad de los tres poderes del estado, en el abandono de una reforma agraria integral, en no haber enfrentado el problema de la distribución de la tierra, sometida hasta ahora al acaparamiento, a la irregularidad, a la posesión mal habida; en el encubrimiento sistemático de estos problemas por parte de la justicia y el parlamento.

Mientras los tres poderes del estado no den una respuesta seria y concertada a este problema, seguirán cargando sobre sus espaldas con la responsabilidad de la violencia que se genera al buscar salidas bajo presión con sus impredecibles consecuencias.

El proceso judicial del Ykua llegó a sentencia tras 7 años de lucha, 80 % de los casos Civiles se han perdido y las victimas están siendo embargadas. Martin Burt y Enrique Riera gozaron de un blindaje político que evitó toda posibilidad de juicio penal o político evitando cualquier investigación sobre su responsabilidad en la muerte de 400 personas, la mayor tragedia en tiempos de paz.

En contra partida al Presidente de la República, por acuerdo del Congreso, fue sometido a un juicio político sumario en poco más de 24 horas, que siendo un procedimiento constitucional se aplicó y se procedió de tal forma que ha afectado gravemente al proceso legítimamente instaurado por elección popular.

El forzar la aplicación de la ley por medio de un juicio político sumario, con una pobre acusación y una exigua capacidad de defensa ha violado en su espíritu nuestra Constitución Nacional, convirtiéndonos de facto en una Republica Parlamentarista. Continuamos viendo a los partidos políticos más preocupados con defender sus cuotas de poder, el reparto de cargos y sobretodo su posicionamiento frente a las no muy lejanas elecciones, que buscando una verdadera respuesta a los problemas que padecemos. Nos preocupa sobremanera el ambiente de temor que se está instaurando para disuadir y desmovilizar a los ciudadanos organizados.

Como víctimas del Ycua Bolaños estaremos siempre a favor de la verdad y de la justicia. Lamentamos profundamente que intereses partidarios hayan truncado un proceso político de transición al que le quedaba tan poco para su normal desarrollo.

Animamos a toda la ciudadanía a expresar sin temor su opinión. A luchar por todos los medios legítimos por lo que consideran justo. Les animamos a guardar memoria de lo ocurrido, a profundizar en sus causas y a obrar en consecuencia.

NO HAY PAZ SIN JUSTICIA

Asunción, 1 de julio de 2012.

www.ycuanuncamas.org